La sala desestimó las pretensiones de la acción de tutela respecto a las mujeres trans mayores de edad, toda vez que la accionante María Victoria Leguizamón carecía de legitimación en la causa por activa al no ser sujeto pasivo de los derechos vulnerados y, así mismo, no acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues no se agotaron todos los mecanismos ordinarios para la procedencia del amparo constitucional de los derechos incoados.
Respecto de la menor de edad, la Corte estimó que la señora Maria Victoria Leguizamón actuó en virtud de la figura de la agencia oficiosa y a partir de un análisis flexible de la ratificación de la voluntad de la menor de edad, amparó sus derechos a la intimidad y la imagen, ello con fundamento en la protección especialísima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en redes sociales, por lo que las pretensiones que versaban sobre la protección de los derechos de la menor fueron amparados y los señores Yordy Medina y Raymond Carrillo obligados a pedir disculpas públicas a la menor con la condición de que la menor diera su consentimiento para ello.
