SU-121/2022

30.03.2022

SU-121/2022

Emitida por

Corte Suprema: Tribunal/Corte Constitucional

Proyectos mineros no fueron consultados con pueblos indígenas. La Corte ordena proteger el territorio indígena.

Se analizan dos acciones de tutela interpuestas por los representantes de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en contra de algunas entidades estatales y empresas particulares vinculadas como terceros con interés.

Se reiteraron las reglas jurisprudenciales de la sentencia SU.123/18, referentes al derecho a la participación de los pueblos indígenas y tribales, y la manera cómo este se materializa dependiendo el mismo del nivel de afectación al que se vea expuesto en cada caso el grupo étnicamente diferenciado. Además, se precisó el concepto de la línea negra y se construyeron las reglas de unificación sobre el nivel de la participación según las escalas de afectación. Se precisa que, la precitada declaratoria no obsta para advertir que existe el deber de garantizar el correspondiente tipo de participación en cada fase del proyecto y ante los cambios jurídicos o fácticos del mismo.

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38. Consulta previa por afectación directa debido a intervenciones en el territorio. La sentencia SU-123 de 2018 señaló que “el territorio étnico” es un concepto vinculado a la afectación directa. Al respecto, reconoció que la dificultad de su aplicación se da porque la noción de territorio étnico va más allá de un espacio físico formalmente demarcado y se vincula a elementos culturales, ancestrales y espirituales [175]. Por ello, se debe tener en cuenta que i) el territorio de las comunidades se define con parámetros geográficos y culturales; ii) los argumentos sobre la ausencia de reconocimiento oficial de una comunidad son insuficientes para que el Estado o un privado se nieguen a consultar una medida con una comunidad; iii) la propiedad colectiva se funda en la posesión ancestral, de manera que el reconocimiento estatal no es constitutivo; y iv) la interferencia que padecen los grupos étnicos diferenciados en sus territorios comprende las zonas que se encuentran tituladas, habitadas y exploradas, y todas aquellas que han sido ocupadas ancestralmente y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, religiosas y espirituales. [175]. Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT. Dicha comprensión de ese concepto ha sido reconocida tanto a nivel interno como por el sistema regional de protección de derechos humanos. Al respecto, la SU-123 de 2018 sintetizó: “conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, que la Corte Constitucional comparte integralmente, la titularidad de ese derecho surge de la ocupación de un espacio determinado por parte de la minoría étnica y no de la formalización del derecho de propiedad que reconoce la administración” La Corte citó en este evento las siguientes sentencias de la Corte IDH: 17 de junio de 2015, Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay; 29 de marzo de 2006, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay; 15 de junio de 2005, Caso de la Comunidad Moiwana vs Surinam, párr. 131; 25 de noviembre de 2015, Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs Surinam, párr. 131; y 24 de agosto de 2010, Caso Comunidad Indígena Xálmok Kásek vs Paraguay, párr. 87.; entre otras.