T-139/25

24.04.2025

T-139/25

Emitida por

Corte Suprema: Tribunal/Corte Constitucional

Un hombre de 48 años, solicitante de asilo en la Unión Europea y en situación de vulnerabilidad, cuya pensión de invalidez fue suspendida por la Policía Nacional por no cumplir con el examen médico presencial exigido por el parágrafo 2° del artículo 10 del Decreto 1796 de 2000; la Corte, al encontrar que esta exigencia fue desproporcionada y no ofreció alternativas al actor, aplicó la excepción de inconstitucionalidad, ordenó restablecer el pago de la pensión, pagar las mesadas suspendidas y facilitar la evaluación médica transnacional.

La Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana de un hombre de 48 años, solicitante de asilo en la Unión Europea y en situación de vulnerabilidad, cuya pensión de invalidez fue suspendida por la Policía Nacional por no cumplir con el examen médico presencial exigido por el parágrafo 2° del artículo 10 del Decreto 1796 de 2000; la Corte, al encontrar que esta exigencia fue desproporcionada y no ofreció alternativas al actor, aplicó la excepción de inconstitucionalidad, ordenó restablecer el pago de la pensión, pagar las mesadas suspendidas y facilitar la evaluación médica transnacional.

La Sala amparó los derechos invocados, aplicó la excepción de inconstitucionalidad al parágrafo 2° del artículo 10 del Decreto 1796 de 2000, y ordenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional restablecer el pago de la pensión de invalidez, pagar las mesadas suspendidas y adoptar medidas para garantizar la evaluación médica en el país de residencia del actor, entre otras disposiciones.

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La Constitución Política en su artículo 48 consagra el derecho a la seguridad social con un doble significado: (i) como un servicio público obligatorio que se debe ampliar progresivamente y que se encuentra bajo la dirección, coordinación y control del Estado, a quien corresponde desarrollarlo a través de leyes, y (ii) como derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los habitantes, cuyo contenido está íntimamente ligado a la dignidad humana. A nivel interamericano, hay varias menciones a este derecho, como en el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (también, llamado “Protocolo de San Salvador”)[28] y en distintos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los casos Vera Vera vs. Ecuador, Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica y Poblete Vilches vs. Chile.

En relación con el primer punto, apoyándose en la opinión consultiva OC025 de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que enmarca el derecho de asilo como un derecho humano reconocido en el artículo 22.7 de la Convención Americana, este se define como: “la protección otorgada por un Estado en su territorio o en otro lugar bajo el control de alguno de sus órganos a una persona que ha venido a solicitarla”. Agregó que la institución del asilo tiene relación, de un lado, con la protección que un Estado ofrece a una persona que no es de su nacionalidad o que no reside habitualmente en el territorio del mismo y, por el otro, con no entregar a esa persona a un Estado donde su vida, seguridad, libertad y/o integridad se encuentran o podrían encontrarse en peligro; teniendo como característica la protección de la persona humana y de ser un acto pacífico y humanitario. Como jurisprudencia señalo la Sentencia SU-543 de 2023.

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