T-372/21

27.10.2021

T-372/21

Emitida por

Corte Suprema: Tribunal/Corte Constitucional

Corte ordenó reconocer pronto a una comunidad indígena que llevaba diez años esperando su registro oficial.

El 9 de diciembre de 2020 el ciudadano Alcibiades Alberto Yepes Cortés, en calidad de Capitán Menor y Representante Legal de la comunidad indígena Buenos Aires, interpuso acción de tutela en contra de la Dirección de Asuntos lndígenas, Rom y Minorías del Ministerio del lnterior (en adelante DAIRM). En ella solicitó la protección de los derechos fundamentales a la “integridad social, cultural y económica, a la participación democrática, a la existencia, al debido proceso de la Comunidad Indígena Buenos Aires”, presuntamente vulnerados por la entidad accionada.

La Sala resuelve revocar la Sentencia emitida por el Tribunal Superior de Sincelejo, Sala Civil-Familia- Laboral, el dos de marzo de dos mil veintiuno (2021) en la que confirmó la Sentencia del veintidós de enero de dos mil veintiuno emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Sucre. En su lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales a la integridad social, cultural y económica, a la participación democrática, a la autodeterminación y al debido proceso, solicitado por la comunidad indígena Buenos Aires de Sincelejo, Sucre.

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Ahora bien, es preciso considerar algunos pronunciamientos a nivel nacional e internacional sobre el deber de los estados de promover y garantizar a los pueblos indígenas la titulación sobre las tierras que han habitado ancestralmente. Así pues, algunos ejemplos de jurisprudencia internacional son aquellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorteIDH) en los que se refirió a la obligación de los estados de dar “certeza geográfica” a la propiedad comunitaria. En el caso Awas Tingni Vs. Nicaragua, la CorteIDH se refirió a los deberes de “delimitar” y “demarcar” el territorio, además de la obligación de “titularlo”. Pronunciamiento similar tuvo la CorteIDH en el caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano Vs. Panamá, en el que señaló que “el deber de los Estados de adoptar medidas para asegurar a los pueblos indígenas su derecho a la propiedad implica necesariamente, en atención al principio de seguridad jurídica, que el Estado debe demarcar, delimitar y titular los territorios de las comunidades indígenas […]. Por tanto, el incumplimiento de dichas obligaciones constituye una violación al uso y goce de los bienes de los miembros de dichas comunidades”, de manera que la disposición sobre sus terrenos sea oponible ante las autoridades estatales o frente a terceros.

Adicionalmente, en casos como Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay la CorteIDH consideró que “… la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”. En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. Al respecto, en otras oportunidades, este Tribunal ha considerado que el término “bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla “aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”.

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