T-210/23

08.06.2023

T-210/23

Emitida por

Corte Suprema: Tribunal/Corte Constitucional

Estudiantes denuncian falta de acción ante acoso docente y violación de derechos a igualdad, educación e integridad.

Trámite de revisión de los fallos proferidos con ocasión de la acción de tutela instaurada por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la integridad, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso, a la educación y el derecho a una vida libre de violencias. Ello en razón a que tal institución, así como el Ministerio de Educación Nacional, desconocieron la debida diligencia con que estaban obligadas a atender las quejas y denuncias presentadas contra un docente, en las que se señalaba que el mismo había incurrido en actos de discriminación, violencia y acoso, mediante prácticas y comportamientos agresivos contra distintos estudiantes y, principalmente, contra algunas estudiantes mujeres de dicha institución.

La Corte revocó las sentencias de instancia y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos a la educación libre de violencia y discriminación por razones de género, al debido proceso, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad. Esto se debe a que la Corte evidenció que la Universidad Distrital no cumplió sus deberes constitucionales de protección del derecho a la educación, al no activar de forma oportuna actuaciones tendientes a la protección de los derechos que los estudiantes estimaban vulnerados, ni haber adelantado las correspondientes investigaciones de acuerdo con las exigencias propias de un escenario de graves y reiteradas denuncias de discriminación, acoso y otras violencias basadas en género. Para amparar los derechos fundamentales vulnerados por las omisiones y actuaciones atribuibles a la Universidad se le ordena: (i) adoptar medidas pedagógicas de no repetición de hechos de acoso, violencia y discriminación, y de cero tolerancia institucional frente a tales hechos; (ii) promover la adopción o actualización de protocolos de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia basada en género. Además, se exhorta a la Universidad a adelantar las investigaciones administrativas y disciplinarias necesarias para establecer las fallas institucionales, normativas y disciplinarias en que hubieren podido incurrir directivos y docentes con ocasión de los hechos que dieron origen a la acción de tutela, así como para adoptar los correctivos e imponer las sanciones a que hubiere lugar. Por último, la Corte decide prevenir a la Universidad frente al cumplimiento de su deber constitucional de tramitar toda queja que formule cualquier miembro de la comunidad educativa sobre actos de violencia, acoso o discriminación sexual o por motivo de género.

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A su turno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos[121] ha explicado que el concepto de violencia sexual no se limita a la agresión física, sino que también implica otros actos de naturaleza sexual que causen daño o sufrimiento[122]. La violencia psicológica, por ejemplo, es aquella que produce sentimientos de desvalorización e inferioridad, con un grave impacto en la propia estima; ataca la integridad moral, la autonomía y el desarrollo personal y puede exteriorizarse mediante actos de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos o mediante amenazas[123]. [121] La referencia a casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por objeto dar un contexto acerca de la temática general del presente apartado, sin que ella misma se utilice como un parámetro de control constitucional, sino, más bien, de tipo doctrinal en la materia. [122] “124. En primer término, con base en las pautas ya expresadas (supra párrs. 110, 111 y 113 a 115), de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño, corresponde entender como violencia sexual contra la mujer o la niña no solo actos de naturaleza sexual que se ejerzan por medio de la violencia física, sino también otros de esa naturaleza que, cometiéndose por otros medios, resulten igualmente lesivos de los derechos de la mujer o la niña o le causen daño o sufrimiento”. Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador (2020).

Para erradicar el acoso, en especial el acoso como una práctica violenta contra la mujer, en el ordenamiento jurídico se han incorporado obligaciones de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas. De ahí que, a la par que se ha reconocido la discriminación histórica que ha padecido la mujer y la violencia derivada de ella, el Estado se ha comprometido a adoptar herramientas destinadas a la erradicación de tales comportamientos agresivos. En especial, la jurisprudencia constitucional ha incorporado los estándares derivados de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo ello, para determinar el alcance de las obligaciones estatales en cuanto a la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra la mujer, al considerar que ellos hacen parte de los deberes que exigen los incisos primero y segundo del artículo 93 de la Constitución.

En relación con la obligación de investigación, de especial interés en el caso concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que: “[e]l deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos”[181]. [181] Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs México (2009), párr. 289. Sobre el tema, se puede ver, además, el caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala (2014), párr. 200; caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (2014), párr. 177 y el caso García y Familiares Vs. Guatemala (2012), párr. 132. El alcance de esta obligación tiene matices diferentes cuando la conducta es cometida contra la mujer por el hecho de ser tal o cuando por esta misma causa la afecta de manera desproporcionada. Así lo indicó la Corte IDH: “[…] el deber de investigar, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal, tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres” –Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs México (2009), párr. 293–. En estas circunstancias, las autoridades estatales tienen obligaciones reforzadas: “[e]s por ello que las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officiolas posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer […]” –caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala (2014), párr. 187–.

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