T-061/22

Expresión y honra en denuncias públicas

23.02.2022

T-061/22

Emitida por

Corte Suprema: Tribunal/Corte Constitucional

Corte analiza choque entre buen nombre y denuncias públicas por acoso; prioriza libertad de expresión.

Trámite de revisión de los fallos proferidos con ocasión de la acción de tutela instaurada por Fabian Sanabria Sánchez contra Mónica Godoy Ferro, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales al buen nombre, honra e intimidad personal, toda vez que, en su criterio, las afirmaciones que se hacen en informes en los cuales la accionada fue asesora, respecto a que él incurrió en actos de acoso sexual contra estudiantes, son infundadas, calumniosas y difunden información que afecta su seguridad e integridad.

Respecto al contenido de la información que se difundió en los dos documentos, la Corte concluye que: (i) tiene como objetivo señalar que existe un contexto de violencia sexista contra miembros de la comunidad universitaria; (ii) se presentan casos de inacción o tolerancia contra estas denuncias; (iii) los hechos que se denuncian, debido a su gravedad, deben ser asumidos como violaciones a los derechos humanos de las mujeres y hombres; en el caso de las mujeres a una vida libre de violencias, y en el caso de los hombres a sus garantías esenciales; (iv) existen una serie de fallas en la Universidad Nacional de Colombia en la investigación y sanción de conductas basadas en violencia de género, por lo que el discurso plasmado en el informe adquiere mayor protección derivado de las averiguaciones probatorias recopiladas en el presente proceso; y (v) las denuncias deben activar a las instancias encargadas de investigar y sancionar a los eventuales responsables de estos señalamientos. Por lo anterior, la Sala concluye que se trata de un ejercicio del derecho a la libertad de expresión en genérico. Por lo tanto, se revocan las sentencias de instancia, las cuales resolvieron que la difusión del informe no estaba protegida por la libertad de expresión y tutelaron el derecho al buen nombre y honra del actor. Además, se ordena a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia que, en el término de dos meses contados desde la notificación de esta providencia, cite a las instancias que considere necesarias de la Universidad Nacional de Colombia, para que, en un plazo máximo de un año: (i) actualice la normatividad vigente para procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad académica; y (ii) examine y eleve a norma de alcance nacional de las ocho sedes, las experiencias exitosas de prevención y sensibilización contra violencias basadas en el género creadas por las diversas facultades de la universidad.

Mostrando cita de

Respecto al primer derecho, es decir, la libertad de expresión en genérico, de igual forma, la Corte Constitucional ha indicado que, debido al carácter amplio y abarcador de las normas de derechos fundamentales, y en virtud de la norma de reenvío contenida en el artículo 93 superior, el artículo 20 debe leerse bajo el tamiz del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En esa medida, se ha explicado que el derecho a la libertad de expresión, en genérico, tiene varias connotaciones; por un lado; (i) es un derecho de doble vía, en tanto es un derecho de quien emite la información y (ii) de quien la recibe; por otro lado, (iii) es una condición para la formación de un régimen democrático, en tanto permite la crítica libre de las autoridades públicas y las instancias que ejercen poder (no solo político) en las sociedades contemporáneas.

Por ello, la restricción a la libertad de expresión, con el fin de ajustarse a la constitución y a la convención americana sobre derechos humanos, debe superar un estricto test de ponderación denominado juicio tripartito. En este instrumento de balance y aplicación del derecho a la libertad de expresión se examina si la restricción que se propone al ejercicio del derecho se fundamenta en: (i) una ley en sentido formal y material, taxativamente redactada; (ii) la restricción persigue una finalidad imperiosamente protegida por la Convención Americana y la Constitución, tales, como la protección de los derechos constitucionales al buen nombre, honra, crédito público o intimidad, por ejemplo. Y (iii) las restricciones deben ser necesarias y estrictamente proporcionadas e idóneas para lograr el objetivo que persiguen.

En todo caso, si se presenta efectivamente un abuso de la libertad de expresión que cause un perjuicio a los derechos ajenos, se debe acudir a las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión para reparar dicho perjuicio: en primer lugar, al derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 20 superior, y en el artículo 14 de la Convención Americana; si ello no bastare, y se demuestra la existencia de un daño grave causado con la intención de dañar o con evidente desprecio por la verdad, podría acudirse a mecanismos de responsabilidad civil que cumplan con las condiciones estrictas derivadas del artículo 13.2 de la Convención Americana. Finalmente, respecto a la utilización de mecanismos penales, resulta relevante mencionar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos, políticos o personas vinculadas a la formación de las políticas públicas mediante el mecanismo penal —a través del procesamiento o condena penales de quienes se expresan bajo los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato—resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.

En aquellos casos en los que se produjo un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, se ha indicado que corresponde establecer responsabilidades ulteriores a la manifestación, ya sea a través de medios del derecho constitucional como la rectificación o la réplica, a través de demandas de derecho civil en las que se cuantifiquen los daños a los derechos al bueno nombre y crédito público, y finalmente, en casos excepcionales, el inició de proceso penales por los delitos de injuria y calumnia, siempre indicando que, en los casos de funcionarios públicos que ejercen funciones públicas o definición de recursos económicos del estado, o en casos de corrupción, en casos concretos, la Corte interamericana ha indicado que, la imposición de sanciones privativas de la libertad por el ejercicio de la libertad de expresión pueden ser restricciones desproporcionadas y contrarias a la convención americana.

Relacionado con lo anterior, recientemente, la relatoria de la CIDH sobre la restricción a la libertad de expresión publicó el informe titulado “niñez, libertad de expresión y medios de comunicación en las américas” en la compendia las reglas interamericanas sobre las condiciones para la restricción excepcional de la libertad de expresión y la protección de la niñez. En efecto, la relatoria indicó que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues el artículo 13.2 de la Convención Americana, al tiempo de prohibir la censura previa, admite ciertas restricciones de carácter excepcional orientadas a la protección de objetivos imperiosos autorizados por la Convención, entre los que se encuentra la “protección moral de la infancia y la adolescencia” y la efectiva protección de los derechos al honor, buen nombre y privacidad de las personas, lo que incluye a los niños y niñas en tanto sujetos de derechos.

En primer lugar, la CIDH y la Corte Interamericana han sostenido consistentemente que el test de necesidad de las limitaciones debe ser aplicado en forma más estricta cuando quiera que se trate de expresiones atinentes al Estado, a asuntos de interés público, a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o candidatos a ocupar cargos públicos, o a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como al discurso y debate políticos.// En segundo lugar, en estos casos, el análisis de proporcionalidad de la medida debe tener en cuenta: (1) el mayor grado de protección del que gozan las expresiones atinentes a la idoneidad de los funcionarios públicos y su gestión o de quienes aspiran a ejercer cargos públicos; (2) el debate político o sobre asuntos de interés público—dada la necesidad de un mayor margen de apertura para el debate amplio requerido por un sistema democrático y el control ciudadano que le es inherente—; y (3) el correlativo umbral de mayor tolerancia a la crítica que las instituciones y funcionarios estatales deben demostrar frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de tal control democrático. En tales casos, los requisitos de protección del derecho a la honra y reputación de estas personas se deben ponderar en relación con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos.

En el caso de las acciones civiles se ha indicado que, cuando se afecta el derecho al buen nombre, honra y crédito público, la persona afectada puede acudir a los procesos ordinarios con el fin de que se cuantifiquen los daños a estos derechos, y por esa vía obtener reparación civil. Finalmente, en el caso del sistema jurídico colombiano existe la penalización por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión se encuadre en los tipos penales de injuria y calumnia. Así, ellas también son formas de responsabilidades ulteriores. Sin embargo, sobre lo anterior, se precisa que: “(…) Finalmente, respecto a la utilización de mecanismos penales, resulta relevante mencionar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos, políticos o personas vinculadas a la formación de las políticas públicas mediante el mecanismo penal—a través del procesamiento o condena penales de quienes se expresan bajo los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato—resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.”

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