T-011/2024

25.01.2024

T-011/2024

Emitida por

Corte Suprema: Tribunal/Corte Constitucional

Protege a migrante venezolano con VIH y ordena continuar su tratamiento pese a problemas de afiliación.

l actor, de nacionalidad venezolana y con un diagnóstico de VIH, adujo que la EPS accionada vulneró su derecho fundamental a la salud, así como los principios de integridad y continuidad inherentes a éste. Lo anterior, con ocasión de la desafiliación unilateral que realizó, con fundamento en la falta de presentación de un documento válido de identificación. La pretensión principal de la acción fue que se ordenara a la entidad continuar con el tratamiento de antirretrovirales, mientras se definía la situación de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La entidad informó que no era procedente la afiliación del usuario porque se identificó con un Permiso Especial de Permanencia y porque no había radicado la solicitud de afiliación con el lleno de los requisitos. Se reiteró el precedente sobre el derecho a la salud de la población extranjera en Colombia y, en especial, se enfatizó en la normatividad adoptada para la población migrante de origen venezolano. Así mismo, se analizó temática relacionada con la situación especial de los pacientes diagnosticados con VIH, y se resaltó tanto la importancia del derecho fundamental al diagnóstico para su tratamiento, como el cumplimiento del principio de continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado y se ordenó a la EPS restablecer los servicios médicos correspondientes al tratamiento antirretroviral del peticionario por su diagnóstico de VIH, mientras define su afiliación al SGSSS. Se conminó al peticionario para que, en caso de no tener capacidad de pago para permanecer en el régimen contributivo, realice los trámites correspondientes para ser encuestado en el Sisbén, con el objetivo de realizar el traslado al régimen subsidiado en salud.

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La Corte IDH ha hecho énfasis en que el diagnóstico del VIH no afecta exclusivamente a quien vive con la enfermedad, sino que ineludiblemente puede repercutir en la vida de terceros. Especialmente si a las personas que han contraído el virus no se les asegura un tratamiento oportuno. Sobre el particular, el Gobierno nacional ha señalado que, si bien el VIH sigue siendo un problema de salud pública mundial[82], el tratamiento antirretroviral reduce hasta en 96% la posibilidad de transmitir la infección[83]. Por ello, el Instituto Nacional de Salud (en adelante INS) ha establecido un protocolo para la vigilancia en salud de los casos de VIH/SIDA[84]. [45] Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 2018, párr. 104. [81] Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Sentencia de 23 de agosto de 2018, párr. 110. [86] Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Sentencia de 23 de agosto de 2018, párr. 194.

62. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, indicó que el control del VIH requiere la realización constante de pruebas de laboratorio que permitan la cuantificación de linfocitos TCD4+ y TCD8+ en sangre periférica. Así como estudiar la cantidad del VIH en el plasma para la atención de la infección. El tribunal interamericano advirtió que los exámenes CD4 y de carga viral deben ser realizados en periodos de seis meses o un año a todos los pacientes diagnosticados con el VIH: “el tratamiento antirretroviral permite controlar el virus en los diferentes fluidos del organismo, pero que (sic) no lo elimina. Por esta razón, el tratamiento antirretroviral debe ser estrictamente vigilado y darse por toda la vida después de que la enfermedad haya sido diagnosticada, pues de suspenderse el virus sale de las células y se divide con gran rapidez, con el agravante de que las cepas virales serán resistentes a los fármacos que un paciente esté tomando”[81].

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