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318/2022

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Fecha:
Miércoles, 23 de Noviembre de 2022
País:
México
Corte:
Corte Suprema: Primera Sala
Resumen:
El quejoso y recurrente con residencia en México fue demandado en materia civil y condenado en costes. Todo tipo de impugnación fue desechado. En cuanto a la ejecución de la sentencia, el recurrente interpuso el incidente de liquidación de gastos y costas la cual también se quedó sin éxito alguno. Finalmente interpuso el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El recurrente consideró violados, a nivel del derecho internacional, los artículos 1, 2, 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El problema jurídico radicó en analizar la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California desde la óptica de una tutela jurisdiccional efectiva. En concreto, según el quejoso, el artículo 21 de la Convención era vulnerado por no respetar el patrimonio ya que no se reparaban las erogaciones realizadas por el quejoso.
Resultado:
La Primera Sala de la Corte Suprema resolvió el amparo en revisión interpuesta por el recurrente en contra de la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California. La Corte dictó el amparo y la protección del recurrente en contra del artículo 10 de la Ley de Aranceles para el Estado de Baja California. Respecto de una presunta violación de los Derechos Humanos constó que el artículo 10 de la Ley de Aranceles oponía diametralmente la efectividad de los derechos humanos que regía todo ordenamiento jurídico. En concreto, vulneraba el derecho de tutela judicial efectiva (artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) por restringir el derecho a cobro de costas. La aplicación de la ley en entredicho significaría que para el recurrente resultaría más benéfico no iniciar el incidente de liquidación de gastos y costas y así prescindir de su derecho. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad estatal no terminaba al emitir una sentencia. Es más, el estado tenía que garantizar los medios adecuados para ejecutar una sentencia definitiva porque la efectivad de la sentencia dependía, a mayor medida, de su ejecución. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohibía interponer obstáculos a las personas que acudieran a los tribunales salvo que estos obstáculos sean razonables necesidades de la propia administración de justicia. La Corte reiteró que los jueces nacionales tenían que interpretar una norma nacional de forma amplia y a la luz de los derechos humanos.
Fuentes(s) Citada(s):
CADH
Tipo de cita:
Mención de la Corte IDH sin citar sentencia concreta
Número de veces que se cita la Corte IDH:
Número de veces que se cita la CADH:
2
Artículos que se mencionan:
1.0,2.0,8.0,8.1,21.0,21.1
1234
Cita
Fuente:
CADH
Tipo de cita:
Solo se menciona(n) algun(os) artículo(s) de la CADH
Pais demandado:
Qué se cita en la sentencia:
Sólo artículo de la CADH
Complejidad:
Mera mención de un artículo de la CADH

Texto de la cita

Convalidar lo anterior, implicaría hacer nugatoria la condena de costas que se declaró en primera instancia, violando el artículo 27 constitucional y 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al no respetar el patrimonio puesto que, con lo resuelto por la responsable, no se reparan las erogaciones realizadas por el quejoso.

Publicada en 23 de Noviembre, 2022 por Staff de México