Debe recordarse que, en la normativa internacional de derechos humanos, el derecho al debido proceso y a la defensa están consagrados en varios instrumentos internacionales de los cuales el Estado es parte. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.