Ahora bien, las garantías del derecho a la defensa se encuentran estrechamente relacionadas entre sí. En esta línea, la garantía de ser asistido por una o un profesional del derecho particular o público representa una parte fundamental del derecho al debido proceso y constituye un mecanismo que pretende afianzar el ejercicio de la defensa para quien es parte de un proceso judicial, desde un punto de vista eminentemente técnico. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la garantía de contar con defensa técnica es indispensable, particularmente en materia penal, para “evitar un desequilibrio procesal y tutelar los derechos de las personas sujetas a investigación o procesamiento frente al poder punitivo del Estado ”Cabe resaltar que la referida garantía se encuentra también consagrada en instrumentos internacionales de derechos humanos y en el artículo 8 numeral 2 literales d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos