A partir de la notificación de ese fallo, el legislador costarricense se abocó a trabajar en un proyecto de reforma al sistema recursivo penal que culminó con la promulgación de la ley 8837 “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación de Implementación de nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, publicada en la Gaceta el pasado 9 de junio del 2010. Con ello, se adecuó el ordenamiento jurídico interno de nuestro país a lo establecido en el artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.